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Se dice que su presidente desde 2013, Nicolás Maduro, es un dictador. De su antecesor, Hugo Chávez, se afirmó que era un tirano. En blanco y negro ¿qué tan ciertas son estas imputaciones?
En sentido estricto, desde la perspectiva de la transformación social, la discusión implica, contrastar la relación (o falta de ella) existente entre la democracia procedimental y la democracia participativa y la construcción del poder popular. Pero, dejemos de lado por ahora este asunto, y revisemos solamente si la vida política venezolana cumple con los rasgos principales de una democracia representativa.
A raíz la muerte de Hugo Chávez, el vicepresidente Nicolás Maduro asumió, provisionalmente, la presidencia de Venezuela, el 8 de marzo de 2013.
En sentido estricto, desde la perspectiva de la transformación social, la discusión implica, contrastar la relación (o falta de ella) existente entre la democracia procedimental y la democracia participativa y la construcción del poder popular. Pero, dejemos de lado por ahora este asunto, y revisemos solamente si la vida política venezolana cumple con los rasgos principales de una democracia representativa.
A raíz la muerte de Hugo Chávez, el vicepresidente Nicolás Maduro asumió, provisionalmente, la presidencia de Venezuela, el 8 de marzo de 2013.
Casi un mes después, el 14 de abril, ganó las elecciones presidenciales para un periodo de seis años (hasta 2019), con una diferencia de más de 200 mil votos con respecto a su más cercano competidor, el derechista Henrique Capriles. Maduro fue democráticamente electo como legítimo mandatario de la República Bolivariana de Venezuela.
En una dictadura no se celebran elecciones. Sin embargo, en Venezuela hay comicios y consultas públicas regularmente.
En una dictadura no se celebran elecciones. Sin embargo, en Venezuela hay comicios y consultas públicas regularmente.
Desde que Hugo Chávez asumió la Presidencia de la República en 1999 ha habido innumerables comicios: cuatro presidenciales (cinco, si se cuenta el que ganó Chávez por primera ocasión en 1998), cuatro parlamentarias, seis regionales, siete municipales y dos para Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Se han efectuado, además, seis referendos, incluyendo el de 2004 que ratificó como jefe del Ejecutivo al hijo de Sabaneta.
Casi todas las elecciones nacionales han sido ganadas claramente por el chavismo. Sólo en dos ha triunfado la oposición (una, parlamentaria, en 2015). En las demás fue derrotada. Eso no le ha impedido conquistar algunas gobernaciones y otros gobiernos locales.
Venezuela tiene un sistema político multipartidista, con grandes facilidades para hacer coaliciones electorales. El principal agrupamiento opositor, la Mesa de Unidad Democrática (MUD), está integrado por 19 partidos.
Casi todas las elecciones nacionales han sido ganadas claramente por el chavismo. Sólo en dos ha triunfado la oposición (una, parlamentaria, en 2015). En las demás fue derrotada. Eso no le ha impedido conquistar algunas gobernaciones y otros gobiernos locales.
Venezuela tiene un sistema político multipartidista, con grandes facilidades para hacer coaliciones electorales. El principal agrupamiento opositor, la Mesa de Unidad Democrática (MUD), está integrado por 19 partidos.
Decenas de partidos hacen política abierta y participan en las elecciones. Los requisitos legales para formarlos son mucho más flexibles que en México.
En la Asamblea Nacional, los pueblos indígenas tenían derecho a tres diputados, elegidos en tres circunscripciones electorales. En la actual Asamblea Nacional Constituyente participan ocho representantes indígenas, electos en un primer momento según sus usos y costumbres, en casi 3 mil 500 asambleas.
El sistema electoral venezolano garantiza comicios libres y justos. Sus resultados pueden ser fácilmente verificables. El ex presidente de Estados Unidos James Carter, crítico de Hugo Chávez, lo ha avalado en distintas ocasiones.
En la Asamblea Nacional, los pueblos indígenas tenían derecho a tres diputados, elegidos en tres circunscripciones electorales. En la actual Asamblea Nacional Constituyente participan ocho representantes indígenas, electos en un primer momento según sus usos y costumbres, en casi 3 mil 500 asambleas.
El sistema electoral venezolano garantiza comicios libres y justos. Sus resultados pueden ser fácilmente verificables. El ex presidente de Estados Unidos James Carter, crítico de Hugo Chávez, lo ha avalado en distintas ocasiones.
“De las 92 elecciones que hemos monitoreado, yo diría que el proceso electoral en Venezuela es el mejor del mundo”, declaró el ex mandatario.
Se dice que en Venezuela no hay libertad de expresión y que los medios de comunicación están controlados por el Estado.
Se dice que en Venezuela no hay libertad de expresión y que los medios de comunicación están controlados por el Estado.
Cualquiera que haya pisado ese país y haya prendido el televisor, la radio o revisado en los kioscos la prensa local sabe que eso no es cierto. Primero, porque la mayoría de los medios están en manos privadas.
Y, segundo, porque en ellos se dicen libremente las peores barbaridades imaginables, incluyendo insultos racistas contra Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Se convocan a movilizaciones ¡contra la dictadura! “¿Cuál tiranía permite que un periódico la califique como tal?”, se pregunta el escritor Luis Britto.
En Venezuela, los medios de comunicación privados (la mayoría opositores) son hegemónicos. En 2014, explica Britto, operaban en Venezuela 2 mil 896 medios: 65.18 por ciento estaba en manos de particulares; 30.76 por ciento era comunitario, y apenas 3.22 por ciento era de servicio público.
En la radiodifusión funcionaban 1 mil 598 emisoras privadas, 654 comunitarias y apenas 80 de servicio público. En la televisión de señal abierta 55 canales eran privados, 25 comunitarios y apenas ocho de servicio público.
En Venezuela no hay limitaciones a la libertad de asociación, reunión y protesta. Basta revisar la prensa para documentar que en los últimos 18 años ninguno de esos derechos ha sido proscrito en Venezuela; por el contrario, la oposición ha hecho uso de ellos ¡hasta para llamar a deponer a los presidentes Chávez y Maduro! Las protestas han sido disueltas cuando los opositores ejercen la violencia y llaman a delinquir.
Leopoldo López no es un demócrata, sino un fascista. No es un preso de conciencia, es un delincuente. Se encuentra bajo prisión domiciliaria no por simpatizar con el dictador Francisco Franco, sino por participar e impulsar los delitos de incendio y daños que se ejecutaron como parte del plan de derrocamiento contra el presidente Maduro llamado “La salida”.
Pero, la democracia es mucho más que un asunto procedimental. Y si, como señaló Abraham Lincoln, democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, lo que hay en Venezuela es una democracia mucho más profunda de lo que admiten sus críticos. Es una democracia sustantiva que se hace realidad desde el poder de las comunas, expresión de autogobierno popular en un territorio, con recursos, competencias y facultades propias. (Véase, de Marco Teruggi, Lo que Chávez sembró: testimonios desde el socialismo comunal).
El Estado comunal es, según la legislación venezolana, la “forma de organización política social, fundada en el Estado democrático y social de derecho y de justicia […] en la cual el poder es ejercido directamente por el pueblo, con un modelo económico de propiedad social y de desarrollo endógeno sustentable.
Ciertamente, muchas críticas se pueden hacer al modelo venezolano.
En Venezuela, los medios de comunicación privados (la mayoría opositores) son hegemónicos. En 2014, explica Britto, operaban en Venezuela 2 mil 896 medios: 65.18 por ciento estaba en manos de particulares; 30.76 por ciento era comunitario, y apenas 3.22 por ciento era de servicio público.
En la radiodifusión funcionaban 1 mil 598 emisoras privadas, 654 comunitarias y apenas 80 de servicio público. En la televisión de señal abierta 55 canales eran privados, 25 comunitarios y apenas ocho de servicio público.
En Venezuela no hay limitaciones a la libertad de asociación, reunión y protesta. Basta revisar la prensa para documentar que en los últimos 18 años ninguno de esos derechos ha sido proscrito en Venezuela; por el contrario, la oposición ha hecho uso de ellos ¡hasta para llamar a deponer a los presidentes Chávez y Maduro! Las protestas han sido disueltas cuando los opositores ejercen la violencia y llaman a delinquir.
Leopoldo López no es un demócrata, sino un fascista. No es un preso de conciencia, es un delincuente. Se encuentra bajo prisión domiciliaria no por simpatizar con el dictador Francisco Franco, sino por participar e impulsar los delitos de incendio y daños que se ejecutaron como parte del plan de derrocamiento contra el presidente Maduro llamado “La salida”.
Pero, la democracia es mucho más que un asunto procedimental. Y si, como señaló Abraham Lincoln, democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, lo que hay en Venezuela es una democracia mucho más profunda de lo que admiten sus críticos. Es una democracia sustantiva que se hace realidad desde el poder de las comunas, expresión de autogobierno popular en un territorio, con recursos, competencias y facultades propias. (Véase, de Marco Teruggi, Lo que Chávez sembró: testimonios desde el socialismo comunal).
El Estado comunal es, según la legislación venezolana, la “forma de organización política social, fundada en el Estado democrático y social de derecho y de justicia […] en la cual el poder es ejercido directamente por el pueblo, con un modelo económico de propiedad social y de desarrollo endógeno sustentable.
Ciertamente, muchas críticas se pueden hacer al modelo venezolano.
Pero, en blanco y negro, afirmar que Venezuela es una dictadura y su presidente Nicolás Maduro es un tirano es una calumnia. La democracia venezolana es mucho más profunda que la que existe en la mayoría de los países cuyos gobiernos denuestan su revolución.
Luis Hernández Navarro
Twitter: @lhan55
Fuente: LA JORNADA
En entrevista exclusiva para TeleSUR, los intelectuales progresistas Noam Chomksy y John Pilger califican el trato del presidente Donald Trump, hacia Venezuela como “irresponsable”, pero “típico” según el comportamiento de los anteriores presidentes de EE.UU.
El lingüista e intelectual Noam Chomsky definió las pasadas declaraciones de Trump como “chocantes y peligrosas”.
El lingüista e intelectual Noam Chomsky definió las pasadas declaraciones de Trump como “chocantes y peligrosas”.
Agregó que vale la pena recordar que problablemente -siguiendo su práctica habitual- estaba hablándole a su base (de votos) y tratando de asegurarse de permanecer en el centro de atención, no preocupándose mucho de las consecuencias en el mundo real, (excepto en su bolsillo e imagen).
“La mejor esperanza es que algunos de los generales a su alrededor, que presumiblemente entiendan las consecuencias, logren controlarlo”, dijo.
Por su parte, el periodista John Pilger comentó que la sugerencia de Trump de un curso de acción agresiva coincide con la historia de EEUU en el siglo pasado. “La amenaza de una invasión militar a Venezuela por Donald Trump es típica de las amenazas estadounidenses al mundo en los últimos 70 años”, afirmó.
“Estados Unidos ya ha invadido Venezuela con grupos subversivos como la NED, que respaldan a una denominada ‘oposición’, que busca derrocar por la fuerza a un gobierno electo: un alto crimen bajo el derecho internacional”, añadió Pilger.
“Es improbable que EEUU invada Venezuela. Washington solo invade países indefensos, y Venezuela no está indefensa.
“La mejor esperanza es que algunos de los generales a su alrededor, que presumiblemente entiendan las consecuencias, logren controlarlo”, dijo.
Por su parte, el periodista John Pilger comentó que la sugerencia de Trump de un curso de acción agresiva coincide con la historia de EEUU en el siglo pasado. “La amenaza de una invasión militar a Venezuela por Donald Trump es típica de las amenazas estadounidenses al mundo en los últimos 70 años”, afirmó.
“Estados Unidos ya ha invadido Venezuela con grupos subversivos como la NED, que respaldan a una denominada ‘oposición’, que busca derrocar por la fuerza a un gobierno electo: un alto crimen bajo el derecho internacional”, añadió Pilger.
“Es improbable que EEUU invada Venezuela. Washington solo invade países indefensos, y Venezuela no está indefensa.
Pero al menos, el mundo decente debe apoyar a Venezuela, ahora sometida a una propaganda virulenta que es la guerra a través lo medios de comunicación. Si Venezuela cae, la humanidad cae”, declaró el periodista.
TELESUR
Fuente: CON EL MAZO DANDO
Con un portal web, www.nombreyverguenza.org.ve, la organización partidista Provea está impulsando los crímenes de odio contra militantes del chavismo, trabajadores de instituciones públicas y funcionarios del Estado, a quienes señala públicamente como violadores de derechos humanos por actuaciones en el marco de sus obligaciones y realizadas para garantizar los derechos de los ciudadanos ante amenazas a su seguridad o que ponen en riesgo su acceso a bienes esenciales.
Tal es el caso, entre otros, de su pretensión de mostrar a los ministros del gabinete del presidente Nicolás Maduro, como violadores de derechos humanos por haber diseñado y aprobado un decreto de excepción y emergencia económica para proteger el derecho de los venezolanos a tener acceso a alimentos y otros bienes esenciales en virtud de las prolongadas acciones que grupos del poder económico habían desarrollado para dificultar la producción y el abastecimiento al menos desde el año 2013.
Se trata del combate a distorsiones como el “bachaqueo” y acaparamiento, mecanismos excepcionales para el suministro de insumos, maquinaria, semillas, créditos y todo lo relacionado para el desarrollo agrícola y ganadero nacional, y la garantía para la correcta distribución y comercialización de alimentos y productos de primera necesidad.
Sin embargo, a los operadores de la agrupación les pareció que esas medidas, que además contemplan el mantenimiento del orden público y la participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción(Clap) en tales tareas, son violatorios de los derechos humanos, probablemente de los acaparadores y contrabandistas.
Podría hasta comprenderse que se considere las medidas planteadas como no eficaces para el objetivo planteado, pero de allí a calificarlas como una violación a los derechos humanos se trata de una postura que no puede sino calificarse como absurda.
Cabe acotar que los señalamientos que cuestionan la participación de organizaciones del Poder Popular, como los Clap, con el argumento de que son agrupaciones partidistas, forman parte del proceso de criminalización y descalificación de las instituciones que han surgido como parte de la consolidación del modelo de democracia participativa y protagónica.
Otro conjunto de supuestos violadores de derechos humanos son las rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE), a quienes acusan por aprobar la normativa que regula procesos como el intento de convocar a un referendo revocatorio. De acuerdo con ese criterio, la consulta no se realizó por la imposibilidad de los convocantes para cumplir los requerimientos, sino porque las condiciones previstas no lo permitían deliberadamente.
Llama la atención que hace algunos días la rectora Socorro Hernández fue agredida por varias personas en un supermercado de Caracas, quienes esgrimieron en su contra argumentos similares a los publicados por Provea.
Asimismo, resulta alarmante que entre los acusados como violadores se encuentre una comunicadora que además no es funcionaria gubernamental ni trabajadora del Estado
Se trata de Antalya Díaz, quien en abril pasado firmó una nota en Ciudad CCS, que recoge valoraciones sobre el desempeño de Provea realizadas por organizaciones de análisis, como el portal web Misión Verdad, o voceros del Estado. Sin embargo, en una acción de injustificada retaliación, decidieron “condenar” a la periodista, para lo cual publicaron su nombre, foto, datos de identidad y lugar de trabajo.
Estas acciones, visto además el ataque que sufrió la rectora del CNE, innegablemente podrían encuadrarse en la promoción de crímenes de odio que pueden provocar lesiones y hasta la muerte de quienes han sido incluidos en el “muro”, como lo llaman.
“Es un instrumento de la oposición”
Para el sociólogo y experto en derechos humanos, Antonio González Plessmann, quien formó parte del equipo de Provea hasta el año 2006, esa organización perdió la rigurosidad con la que alguna vez hizo su trabajo.
—Cuando uno mira la lista de personas y causas por las que se les expone al escarnio público, se consigue desde militares acusados de un uso desproporcionado de la fuerza hasta un funcionario que se comprometió a impulsar una consulta con los pueblos indígenas sobre la explotación del Arco Minero del Orinoco, que luego no se concretó u otro que no actuó como ellos esperaban, en un caso concreto.
Meter a toda esa gente, en el mismo saco de violadores de DDHH, sin pruebas y sin clasificación rigurosa, es claramente una falta de seriedad y de competencia técnico-política.
Asegura que esa falta de rigurosidad es consecuencia de la desaparición del pluralismo interno en la organización.
“Provea viene, en los 80 y 90, de acompañar en clave de DDHH las luchas contra el neoliberalismo y el puntofijismo.
Tenía una tradición de debate interno muy rica, que le permitió incluso sortear con dignidad y sin perder rigurosidad, hasta 2005, las diferencias internas en torno al impacto de la Revolución Bolivariana en los DDHH.”
A su juicio, en la actualidad, no puede decirse que se trate de una organización autónoma de DDHH, sino de un instrumento político de la oposición venezolana y la derecha local.
“Tienen todo el derecho del mundo de posicionarse políticamente, pero deben hacerlo explícito y no esconderse baja una máscara de independencia”, precisa González Plessman.
—¿Qué antecedentes pueden explicar esta acción? ¿Es válida como garantía de DDHH?
—Provea señala que se inspira en prácticas del movimiento de DDHH del cono sur, como el escrache utilizado contra los genocidas de las dictaduras militares.
En Argentina solamente hubo más de 30.000 desaparecidos y la impunidad ha sido, hasta la llegada del Kichnerismo, la norma en todos esos casos.
Cuando uno mira la calidad del trabajo de documentación y prueba de las organizaciones de DDHH argentinas, por más de tres décadas, comprende que realicen formas de exposición pública a genocidas que han quedado absueltos por el Estado.
Pero solo atreverse a comparar esa realidad con la venezolana, es una prueba del fanatismo político y falta de seriedad de esa organización.
Ponen en el mismo lugar a un militar genocida argentino con 3 décadas de impunidad y a un funcionario de DDHH del Estado que hizo esfuerzos, aunque sin éxito, por impulsar una consulta con pueblos indígenas, que no ha cometido ningún delito y, de hecho, debería ser considerado un aliado de cualquier movimiento de DDHH del país. La exposición pública, sin que incite a la violencia, puede ser una garantía social de los derechos humanos.
Cuando un violador grave de derechos humanos pasea su impunidad y privilegios ante un Estado cómplice y una sociedad que reclama justicia, éste puede ser un recurso válido. Para que eso sea así, debe haber expedientes bien sustentados, deben priorizarse los casos más graves y debe someterse a debate en la sociedad, el porqué de la impunidad.
Pero la libertad de expresión tiene límites.
Si acusas a alguien, si lo señalas públicamente, debes poder demostrar lo que afirmas. Si causas daños a su honra o reputación sin bases o con bases débiles, debes asumir las consecuencias legales y políticas de tu exceso.
Es el caso de Provea con esta página.
Si yo fuera Tarek William Saab o Larry Devoe (Secretario del Consejo Nacional de DDHH), acusados en esta página de violadores a los DDHH, los demandaría civilmente, sin duda.
—¿Esa página puede estimular agresiones como la de la rectora del CNE?
—Sin duda, sí. Venezuela vive una escalada de conflicto y es posible encontrar vínculos entre incitaciones públicas al odio (que es un delito en sí mismo) y expresiones concretas de violencia.
El General de las guayas y los motorizados degollados; el sociólogo de los materos y una víctima en La Candelaria; el discurso clasista y racista de una parte de la oposición y las personas de tez morena quemadas.
La conexión entre el discurso y la acción es muy difícil de probar penalmente, porque no se trata de relaciones causa-efecto, pero en términos de responsabilidad política, no cabe duda de que quien en la Venezuela de hoy promueve discursos de odio es responsable de facilitar la violencia concreta.
El carácter de clase del liderazgo opositor les impide ver que su racismo les fluye naturalmente como el sudor en las marchas. Pare ellos, el chavismo equivale a pobres, negros y delincuentes. Todo lo que desprecian.
En consecuencia, construyen un discurso negador del “otro”, que es antesala o caldo de cultivo de hechos de violencia. Provea, que alguna vez acompañó a los movimientos populares del país en sus luchas por la democratización de la vida, hoy acompaña a las élites racistas que encarnan la dictadura del capital.
CCS/ LA TABLA
Fuente: CON EL MAZO DANDO
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