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El grupo constructor Acciona aportará 1.058 viviendas a Testa a cambio de acciones, creando una inmobiliaria con 9.041 viviendas. Por su parte, el fondo especulativo americano Blackstone posee más de 10.000 pisos, a los que sumar la recién adquirida cartera de Popular.
Hoy jueves, la Socimi Testa Residencial celebrará una junta extraordinaria donde como principal punto del día figura la entrada de un nuevo accionista de peso. Se trata de Acciona.
El grupo constructor presidido por José Manuel Entrecanales se convertirá en socio de referencia de la compañía, a cambio de aportar 1.058 viviendas procedente de su actividad inmobiliaria.
Por esta cartera, valorada en 341,9 millones de euros, Acciona obtendrá el 21% del capital, situándose como tercer accionista de la compañía, después de Santander (38,8%), BBVA (26,9%), y superando a Merlin (12,7%).
Por esta cartera, valorada en 341,9 millones de euros, Acciona obtendrá el 21% del capital, situándose como tercer accionista de la compañía, después de Santander (38,8%), BBVA (26,9%), y superando a Merlin (12,7%).
Creada por la Socimi Merlin con las viviendas procedentes de la compra de Testa y Metrovacesa, Testa Residencial ha pasado de considerarse una cartera de activos no estratégicos para esta Socimi, a un nuevo grupo inmobiliario, especializado en un nicho de negocio aún por explorar en España, la vivienda en alquiler.
Acciona no es la única que ha engordado la cartera de la Socimi, los bancos Santander, BBVA y Popular incorporaron el pasado enero 3.317 pisos procedentes de adjudicaciones.
Después de estas operaciones, Testa contará con 9.041 viviendas en alquiler, valoradas en 1.816 millones de euros.
Un tamaño que prevé seguir aumentando hasta su futura salida a Bolsa. Con los más de 1.800 millones actuales, Testa valdría más que las tres Socimis presentes en el Continuo: Hispania, Axiare y Lar España.
Santander, Merlin y Acciona no son los únicos que ha apostado por la profesionalización del mercado del alquiler.
El fondo de inversión norteamericano Blackstone atesora a día de hoy la mayor cartera de viviendas en alquiler.
Pero, a diferencia de Testa, el gigante estadounidense no concentra todos los activos en una única compañía, sino que cuenta con varios vehículos.
El primero de ellos es Fidere.
Blackstone creó esta Socimi con las viviendas que iba comprando. Entre ellas, las correspondientes a su primera operación en España, una cartera de 1.860 pisos procedentes de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS), que compró en octubre de 2013 por 128 millones.
En la actualidad, Fidere -que cotiza en el MAB- posee 6.250 viviendas en gestión. Su valor bursátil ronda los 256 millones, mientras que sus activos están valorados en 662 millones, incluyendo una deuda de 347 millones.
Paralela a Fidere, se encuentra Anticipa Real Estate.
La antigua división inmobiliaria de Catalunya Banc se ha convertido en un vehículo que gestiona 13.000 activos en alquiler (procedente de adjudicaciones), de los que el 91% son viviendas.
También es el gestor de Albirana Properties, la última Socimi que sacó este año a Bolsa Blackstone, y que posee unas 4.556 viviendas. Su capitalización es de 168 millones.
Con estas dos empresas (además tiene otras dos Socimis, aún sin cotizar en Bolsa, llamadas Tourmalet y Pegarena), Blackstone tiene más de 10.800 viviendas en alquiler, un tamaño que podrá aumentar, ya que el fondo estadounidense no para de cerrar operaciones en España.
La última: la compra del 51% del negocio inmobiliario del Popular (incluida su servicer Aliseda) por 5.100 millones de euros. Blackstone controlará esta nueva cartera a través de una sociedad conjunta con Santander, de la cual aún no se conoce el nombre.
Además de esta compra, en 2017 Blackstone ha cerrado otras operaciones como la cartera con 576 viviendas ubicada en Tres Cantos (Madrid) y otra promoción en Madrid con 258 unidades, según figura en la cuenta de resultados de Fidere.
Fuera del negocio residencial, el fondo liderado en España por Diego San José posee otra Socimi, denominada Corona Patrimonial, que aglutina más de 100 millones en edificios de oficinas.
Aprovechar el pujante mercado de vivienda en alquiler en España es el nuevo reto al que se enfrenta el sector inmobiliario.
Tras décadas donde el porcentaje de la población que se decantaba por vivienda en alquiler frente a propiedad era residual, los elevados precios de los pisos y la inestabilidad laboral han comenzado a cambiar esta tendencia. Así, en la última década, la cifra ha pasado del 10,7%, al 13,8% de 2016.
Sin embargo, hasta la fecha, apenas existían empresas especializadas en la gestión de viviendas en alquiler, sino que era un mercado de particulares.
Ahora, también impulsadas por la puesta en marcha del régimen de las Socimis, empresas como Testa, pero también otras firmas como Alquiler Seguro, Domo o VBare han creado sociedades inmobiliarias especializadas en vivienda.
En este sentido, el próximo gran proyecto será el liderado por Sareb, que ultima la salida a Bolsa de una Socimi llamada Témpore Properties, con 1.500 inmuebles en alquiler, valorados en más de 200 millones de euros, informa Expansión.
El freno que registra el sector en Bolsa en 2016 dará paso, según Goldman Sachs, a revalorizaciones de hasta el 40%.
Una de las firmas más influyentes en los mercados financieros, Goldman Sachs, pone sus focos en un sector que no ha podido brillar en la Bolsa española a lo largo del presente ejercicio, el de las inmobiliarias y socimis.
El mayor fondo de inversión de capital riesgo y fondos de inversión del mundo, Blackstone compra pisos a los bancos catalanes al por mayor y a precio de saldo, y desahucia familias vulnerables.
Aterrizó en el Estado español para comprar pisos a precio de saldo aprovechándose de la crisis y a estas alturas continúa haciendo el agosto en el sector inmobiliario gracias al stock que acumulan los bancos y que compra en condiciones muy ventajosas.
La ‘operación Lezo’ implica a Alberto Ruiz-Gallardón. No se trata de investigaciones periodísticas, sino de las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción.
Este organismo pidió el pasado mes de noviembre la imputación del expresidente de la Comunidad de Madrid por la compra en 2001 de la filial del Canal de Isabel II Inassa.
El motivo que marcaron los fiscales fue el desfalco de 70 millones de euros en la operación, la cual fue “controlada por Alberto Ruiz-Gallardón y por ‘su gente’”.
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