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No soy catalán, me defino como una persona de izquierdas e internacionalista, y por principios no puedo asumir los nacionalismos, por tanto, no soy independentista.
Dicho esto, me gustaría precisar:
1º. Que, sintiéndome profundamente democrático, aspiro a que España avance, más pronto que tarde, hacia una verdadera democracia participativa, superadora de la actual pseudodemocracia representativa emanada del Régimen del 78, en la que no tengan cabida ni la corrupción, ni el secuestro de la soberanía popular y los poderes públicos, por parte de los poderes económicos.
2º. Que, sintiéndome un republicano de convicción, no voté la Constitución del 78, por no permitirnos la Elección del Modelo de Estado, imponiéndonos una monarquía heredera del franquismo, por no garantizar un Estado Aconfesional y por no contemplar la Laicidad de la Enseñanza, perpetuando la influencia y el poder de la iglesia católica en la vida pública española.
3º. Que, partidario, en su momento, de la “Ruptura Democrática”, y cuestionando la “Transición”, por permitir el “blanqueo” del aparato político y económico del franquismo, entiendo que el Régimen Político del 78, hace años que entró en un evidente proceso de descomposición, marcado por la corrupción de la vida pública española, y a cuyos últimos estertores estamos asistiendo en la actualidad, por lo que considero que su superación es una necesidad imperiosa para la regeneración política de nuestro país.
Partiendo de esta declaración de principios, expreso desde aquí mi admiración y mi profundo respeto por el pueblo catalán, su cultura y su identidad,
porque creo firmemente en el dinamismo y la capacidad de la sociedad catalana para abordar los cambios económicos, políticos y sociales que la Cataluña del futuro necesita,
y que estas capacidades convierten a Cataluña en el motor para la construcción de una sociedad española moderna, abierta, innovadora y solidaria, dentro de un Estado Español Plurinacional.
Y esta reflexión carecería de sentido, si no hiciera el ejercicio de ponerme en la piel de muchas personas catalanas, que en la calle y en las instituciones defienden el “derecho a decidir”: algunas, independentistas por convicción;
otras, independentistas porque aspirando a una redefinición del encaje de Cataluña en el Estado Español, la falta de dialogo, de voluntad política y el “tancredismo” de los gobiernos del PP y el PSOE, no les ha dejado otra salida;
y finalmente otras,
que sin aspiraciones independentistas, comparten con ellas la sensibilidad de que la ciudadanía catalana pueda ejercer su derecho a votar sobre su propio futuro.
Y Ponerme en la piel de estos sectores del pueblo catalán, supone plantearme cuál sería mi postura política, ante el “Procés”, si yo fuera catalán.
Volviendo ahora a mi declaración inicial de principios, constatando lo inamovible e inflexible que es la actual realidad política española, absolutamente “bunquerizada”, asumiendo que me declaro un firme defensor del “derecho a decidir” de la ciudadanía catalana, y entendiendo que el carácter cívico-popular del “Procés” desbordaría el actual marco político de Catalunya, y reconfiguraría la correlación de fuerzas de los partidos que ahora tienen presencia en el Parlament, con estas consideraciones,
si yo fuera catalán, tengo que reconocer que
si la independencia me permitiera tener la expectativa de la apertura de un proceso que posibilitara la construcción de una verdadera democracia participativa, yo sería independentista;
que si la independencia me permitiera acabar con una monarquía anacrónica y acceder a una República como forma de Estado, yo sería independentista;
y finalmente, si la independencia me permitiera acabar con el “status quo” del Régimen Político del 78, y acabar, por un lado, con el bipartidismo, relegando al PP y al PSOE a la irrelevancia política, y por otro, borrar del mapa político catalán a los herederos de la antigua CIU, yo sería independentista.
Para finalizar, señalaré que, aunque es evidente que la independencia no es el paradigma que garantice plenamente la consecución de mis aspiraciones políticas y sociales, no puedo por menos de entender la postura independentista adoptada por una buena parte del pueblo catalán, al que en los últimos diez años, desde que el PP presentara un Recurso de Inconstitucionalidad al Estatut, desvirtuando el documento legítimamente aprobado por el Parlament de Catalunya y torciendo la voluntad de la ciudadanía catalana que lo ratificó, no se le ha ofrecido ni una sola alternativa política, se han desoído sus peticiones de diálogo político
y, sin embargo, de forma torticera se han utilizado las instituciones del Estado para judicializar la actividad política catalana y criminalizar el independentismo, intentado permanentemente aislar a Cataluña, enfrentándola con el resto de los pueblos del Estado Español.
9/09/2017
José María Sánchez Ródenas, Arquitecto e inscrito en Podemos
No es el doble poder de 1917, hace cien años, en Rusia donde, como interpretaban algunos, los consejos obreros (o soviets) y el aparato oficial del Estado del gobierno provisional ruso, coexistieron el uno con el otro compitiendo por la legitimidad.
En Catalunya es todo más pacífico, más de estar por casa, con heroicidades por ahora de tono menor y sin que amenace una revolución social. Pero sí puede haber una revolución política.
La independencia de Catalunya es una perspectiva ante la cual algunos políticos de izquierda en España parecen implorarnos, “Catalanes no nos dejen solos con los españoles”, en vez de aprovechar el impulso catalán para poner el cuestión la monarquía o por lo menos el gobierno del PP, partido post-franquista.
En Catalunya, hay por un lado unos dos millones o dos millones y medio (con mayor incidencia en los jóvenes) de separatistas en edad de votar, que quieren votar SÍ en el referéndum del primero de octubre, ahora amparados por dos leyes aprobadas y promulgadas por el Parlamento y el Gobierno de la Generalitat (el gobierno regional) los días 6 y 7 de septiembre de 2017.
En el referéndum se preguntará si Catalunya debe ser una república independiente de España. La respuesta es “sí” o “no”. No hay otra alternativa.
Los separatistas, en términos de fuerza parlamentaria, disponen del grupo de Junts per Sí (de Esquerra Republicana y del Partido Democrático de Catalunya, la antigua Convergència) más la CUP (izquierda radical).
Suman 72 votos en un Parlamento de 135 diputados. Representan el catalanismo burgués y también el catalanismo popular. En contra están tres partidos.
No están por un voto de NO sino por negar la legitimidad del referéndum y acatar su prohibición por el gobierno de Madrid. Esos tres partidos son el PP, PSC (socialistas) y Ciudadanos, que suman en conjunto 52 votos en el Parlament de Catalunya.
En un muy simplificado análisis social, ellos representan las clases más altas (el Círculo de Economía por ejemplo), gozan de bastante apoyo del diario burgués La Vanguardia y el diario popular El Periódico (los dos mayores de Cataluña), y también representan muchos habitantes del cinturón obrero de Barcelona y a clases medias españolistas o federalistas.
En medio, CSQP, un grupo en cuyo origen hay miembros del antiguo PSUC (partido comunista) y del nuevo partido Podemos, con 11 diputados, que no consigue mantener su unidad.
Las últimas encuestas de opinión indicaban en julio 2017 una voluntad de participar en el referéndum de más del 50 por ciento y hasta del 65 por ciento, y en todos casos con mayorías al SÍ a la independencia.
Una obvia razón de la prohibición del referéndum por el gobierno de Madrid y de las querellas penales que implicarían eventualmente cárcel para el presidente y vicepresidente del gobierno de la Generalitat, Puigdemont y Junqueras, y para la presidenta del Parlament, Forcadell, son esas encuestas.
Hay que prohibir el referéndum porque es probable que ganara la opción del SÍ a la independencia. Otra razón es que, incluso aunque ganara el NO, se habría sentado un precedente de ejercicio del derecho de autodeterminación si se tolera la celebración del referéndum el primero de octubre.
La disensión interna de CSQP (“Catalunya sí que es pot”) se reflejó en el Parlamento los días 6 y 7 de septiembre, con un portavoz, Joan Coscubiela, alineado con los 52 diputados de PP, PSC y Ciudadanos contra el referéndum del primero de octubre, y Albano Dante Fachín y otros diputados partidarios de que se celebre el referéndum, aunque algunos de ellos votarían No.
Joan Coscubiela se pronunció fervientemente contra el referéndum de independencia, es decir, desea que el poder del gobierno de Madrid se alíe con PP, PSC y Ciudadanos para imponer la prohibición de referéndum contra la mayoría del Parlament. No es tan sorprendente.
Joan Coscubiela procede del PSUC (de origen stalinista) que nunca se pronunció por la autodeterminación de Letonia, Lituania, Estonia, ni tampoco de Hungría en 1956.
En todo caso, hubo otra izquierda marxista en Catalunya, anti-stalinista, la de Andreu Nin que fue destrozada en 1937.
Años más tarde, el PSUC con el diputado Solé Tura votó en 1978 contra la inclusión del derecho de autodeterminación en la Constitución española. Joan Coscubiela lleva la marca del PSUC. Otros diputados del mismo origen (Nuet, Martinez Castells) han evolucionado mejor.
Llamó la atención la performance de la economista y diputada Angels Martínez Castells del grupo CSQP y que también procede del PSUC.
Cuando ya se había aprobado el día 6 de septiembre la ley de referéndum de independencia (por 72 votos favorables y 11 abstenciones) y los otros diputados se ausentaron, los del PP dejaron en sus escaños banderas españolas y banderas catalanas.
Ante este hecho, Àngels Martínez, que ya tiene 68 años, diputada de CSQP, subió las escaleras lenta y laboriosamente y retiró una por una las cinco o seis banderas españolas, en una decisión unilateral que quedó filmada para siempre y de las que pasan a la historia.
Las dobló y las entregó a una joven diputada de las CUP. Se acababa de aprobar en el Parlament de Catalunya la ley del referéndum de independencia. Un hecho histórico que merecía una celebración simbólica.
Las semanas próximas serán pródigas en Catalunya en otros espectáculos. Pero el tema de fondo es que hay dos legitimidades y dos poderes.
En otras épocas de la historia de España eso se resolvería con una intervención militar.
La situación ahora parece ser distinta.
9/09/2017
Del “daño irreparable” al 1-O
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- septiembre 13º, 2017
“El PP recurre al Constitucional el Estatuto catalán para impedir ‘un daño irreparable”. Así titulaba El País del 1 de agosto de 2006 el recurso que ante el Tribunal Constitucional presentaban los dirigentes de ese partido contra la reforma del Estatut que había sido acordada por el Parlament catalán, luego parcialmente amputada por el parlamento español y finalmente aprobada en referéndum en Catalunya.
La resolución del Tribunal Constitucional llegaría casi cuatro años después anulando 14 artículos e interpretando restrictivamente otros 27 de ese Estatut. Rajoy, Acebes y Sáenz de Santamaría, aunque no enteramente satisfechos, aplaudían esa decisión mientras Rodríguez Zapatero, entonces presidente del gobierno, constataba que con ese desenlace se producía “el final de la descentralización política”.
No podía sorprender, por tanto, que pocos días después, el 10 de julio de 2010, una manifestación ciudadana recorriera las calles de Barcelona alrededor del lema unitario “Som una nació: Nosaltres decidim” para mostrar la indignación ciudadana ante esa sentencia.
La conclusión de que se había cerrado la puerta a una vía federalizante de reforma del Estado autonómico para Catalunya condujo al desarrollo de un mucho más amplio y plural movimiento soberanista e independentista que el existente hasta entonces, llegando a arrastrar incluso a una formación como Convergència, partido que hasta entonces había sido pilar necesario para la gobernabilidad del régimen y también afectado, como hemos podido comprobar luego, por diversos escándalos de corrupción. Una formación que, pese a algunos análisis interesados de uno u otro lado, sólo es una parte, y no la mayoritaria ni hegemónica, de ese movimiento.
El anuncio de la convocatoria de un referéndum el próximo 1 de octubre por el Govern de la Generalitat, con el apoyo de la mayoría del Parlament, en torno a la pregunta “¿Quiere que Catalunya sea un Estado independiente en forma de república?”, es en realidad la respuesta al “daño irreparable” que el PP hizo al pueblo catalán con su recurso ante el Tribunal Constitucional.
Es muy probable incluso que hoy muchos y muchas dirigentes del PP reconozcan en privado que fue ese recurso –y, sobre todo, la campaña desplegada en torno al mismo- un error por haber acabado siendo el principal responsable de haber contribuido decisivamente a un ascenso del independentismo en Catalunya a lo largo de todos estos años.
Sin embargo, a pesar de la inmediata reacción ciudadana frente a lo que Javier Pérez Royo ha denominado “ruptura del pacto constitucional” derivada de la citada sentencia, desde que el PP llegó al gobierno en noviembre de 2011 (después, por cierto, de la contrarreforma exprés del artículo 135 de la Constitución) no ha habido esfuerzo alguno por buscar un nuevo marco de negociación, como le recomendaba el propio Tribunal Constitucional en otra resolución de marzo de 2014.
Todo lo contrario: la defensa fundamentalista de la letra de la primera parte del artículo 2 de la Constitución (“la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”…, dictada por la jerarquía militar en 1978) ha sido siempre el “argumento” recurrente, acompañado de una nueva tendencia a la recentralización política y financiera e incluso de ataques a la lengua catalana con el ministro de Interior, de triste recuerdo, Fernández Díaz a la cabeza.
Mientras tanto, hemos visto desarrollarse en Catalunya manifestaciones multitudinarias y pacíficas durante todos estos años e incluso una consulta popular el 9-N de 2014 que, pese a no ser reconocida por el Estado, contó con la participación de más de dos millones de personas.
La falsa ilusión en que este movimiento cayera en la frustración y en la división ante la cerrazón del gobierno, pese a que éste ha contado siempre con el apoyo de la cada vez más extensa y beligerante caverna mediática y de los jefes de Estado europeos, ha acabado conduciendo a un rotundo fracaso.
Tampoco la tímida apertura del PSOE de Pedro Sánchez al reconocimiento de la “plurinacionalidad” ha logrado apoyos significativos en Catalunya, hasta el punto de que la propia postura de Sánchez ha vuelto a virar hacia el apoyo a la cerrazón de Rajoy tildando el referéndum de ilegal y dejando la puerta abierta a la retirada de las urnas por parte de la policía.
El problema no es el de encontrar un ”encaje” de una nación cultural en una nación política española sino el del reconocimiento en condiciones de igualdad de la identidad nacional catalana, la española y del resto de nacionalidades empezando por las ya reconocidas en la actual Constitución: gallega, vasca y andaluza.
Incluso en la sociedad española está aumentando el porcentaje de personas, sobre todo menores de 45 años, que se muestran favorables a permitir la celebración del referéndum catalán tan persistente y mayoritariamente reclamado. Éste es un avance muy significativo y que, en buena medida, se debe al concurso político de una fuerza como Podemos.
No cabe pues dejarse engañar por quienes descalifican con las peores acusaciones a esos millones de personas que de forma persistente a lo largo de todos estos años han reclamado el derecho a decidir su futuro, incluida la independencia.
Agotadas la vía federalizante del Estatut y la búsqueda de un referéndum pactado con el Estado –como se hizo en los casos de Quebec y Escocia–, sólo queda desde el punto de vista democrático reconocer la legitimidad de la convocatoria del referéndum el próximo 1 de octubre y que sea la ciudadanía catalana la que decida si quiere o no separarse del Estado español para, como sería deseable, poder llegar luego a un nuevo tipo de relación, basada en la voluntad y no en la fuerza, entre todos los pueblos del Estado español.
Consideramos, además, que nuestro apoyo es coherente con lo que se decía en el Manifiesto fundacional de Podemos ante las elecciones europeas de mayo de 2014:
“Una candidatura que, frente a unos gobiernos al servicio de la minoría del 1%, reivindique una ‘democracia real’ basada en la soberanía de los pueblos y en su derecho a decidir su futuro libre y solidariamente.
La democracia no nos da miedo a las y los demócratas; estamos encantados de que escoceses y catalanes puedan hablar y decir qué futuro desean. Por tanto, que apoye la celebración de la consulta convocada en Catalunya para el 9 de noviembre”.
Frente a quienes contemplan aterrados, desde arriba, el referéndum del 1 de Octubre como una especie de cataclismo, los y las de abajo deberíamos contemplar la escena, como un momento impostergable para la recreación democrática, la redefinición de las lógicas de la participación en política entre iguales.
Porque estamos convencidas de que la celebración libre y con todas las garantías posibles del referéndum el 1 de octubre, y no su prohibición, contribuirá –sea cual sea su resultado– a la profundización de la democracia y supondrá un estímulo para quienes fuera de Catalunya seguimos apostando por el derecho a decidir sobre todo lo que afecta a nuestras vidas y a nuestros derechos y libertades frente al régimen y a la troika.
Ha llegado el momento de abrir los candados de la transición del 78 que se justificaron con el “ruido de sables”.
El primero de esos candados es el modelo de Estado, pero quizá luego vengan otros como el fin del régimen del olvido y la impunidad de los crímenes del franquismo, la necesidad de que derechos sociales como la vivienda y el trabajo sean efectivos y obligatorios para los poderes públicos o la jefatura de estado hereditaria y congénita.
Queremos abrir candados, sí. Pero si el gobierno del partido más corrupto de Europa ha decidido con la connivencia del no tan nuevo PSOE de Pedro Sánchez poner candados a colegios electorales y secuestrar urnas en una vergonzosa proyección de dictadura orweliana, por lo menos, que no lo haga en nuestro nombre ni en nombre de la democracia.
Teresa Rodríguez es una activista y diputada por Podemos en el Parlamento de Andalucía.
Miguel Urbán Crespo es cofundador de Podemos y ahora ejerce de eurodiputado por esta formación.
13/9/2017
Intelectuales y artistas catalanes de izquierdas firman un manifiesto contra la participación en el 1-O
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- septiembre 17º, 2017
Casi un millar de intelectuales y artistas que se califican "de izquierdas" han firmado un manifiesto contra la participación en el referéndum del 1 de octubre, al considerarlo una "estafa antidemocrática" y una convocatoria "tramposa" opuesta al "ejercicio de libre decisión del pueblo de Cataluña".
El manifiesto, que hoy publica el diario El País, llama a la no participación de los ciudadanos catalanes en la consulta, al margen de cuál sea su posición ante la independencia.
"Rechazamos el 1 de octubre como una trampa antidemocrática. Y llamamos a no participar en esta convocatoria, que es lo opuesto a un ejercicio de libre decisión del pueblo de Cataluña", sostienen los firmantes del manifiesto.
Entre ellos, el escritor Juan Marsé, la cineasta Isabel Coixet, la actriz Rosa María Sardá y el diseñador Javier Mariscal, todos ellos catalanes.
También secundan la declaración los escritores Javier Cercas, Javier Marías, Juan José Millás, Rosa Montero, Manuel Rico e Ignacio Martínez de Pisón, los directores Fernando Colomo y José Luis Guerín, el cantante Miguel Ríos y la actriz Marisa Paredes, entre otros.
Personas de izquierdas
En el casi millar de firmantes, que se definen como "personas de izquierdas" que rechazan las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy, figuran el ex secretario general del PCE Francisco Frutos y la abogada Cristina Almeida. "Cualquier demócrata, sea cual sea su posición ante la independencia, debe rechazar esta convocatoria, impropia de una democracia y tramposa. (...) ¡No participes! ¡No votes!", subrayan.
El texto, promovido por la asociación Recortes Cero y que aparece publicado en español y catalán, apunta que la convocatoria del 1-O no es transparente ni establece un mínimo de participación. Además, defiende que en su puesta en marcha se ha "marginado" a la oposición y que la aprobación de la ley de referéndum y de las leyes de desconexión ha sido "exprés".
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