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El FROB también tuvo mucho que ver con la bajada de liquidez del Popular. No lo hizo directamente sino a través de la SAREB.
Según datos a los que ha tenido acceso Diario16, el «banco malo» retiró a día 5 de junio la totalidad de los depósitos que tenían en el Popular, en concreto 633 millones de euros, como otros organismos públicos que retiraron sus depósitos o una parte de ellos en los días previos a la intervención.
¿Por qué un organismo dependiente del Ministerio de Economía, el mismo ministerio que afirmó, a través de su titular Luis de Guindos, que el Popular era un banco solvente, retira todos sus depósitos apenas 48 horas antes de la intervención?
Evidentemente porque tenía información privilegiada. ¿Quién se la filtró o facilitó? Esa es la cuestión y la pregunta clave.
No se puede tomar como excusa las noticias publicadas en esos días o en los meses pasados, tal y como hizo el último Consejo de Administración del 6 de junio, porque la información real de la situación del Popular sólo la podían conocer en la propia entidad y en los órganos reguladores.
La retirada de depósitos de la SAREB ayudó a incrementar la crisis de liquidez que se puso como excusa para la intervención. Por otro lado, el propio FROB firmó la resolución sin pruebas fehacientes de que la situación real del banco fuera la que le trasladaban desde la JUR que, además, se apoyaba en el «ultrasecreto» informe de Deloitte que incluía escenarios positivos que no fueron tomados en cuenta.
No se puede tomar como excusa las noticias publicadas en esos días o en los meses pasados, tal y como hizo el último Consejo de Administración del 6 de junio, porque la información real de la situación del Popular sólo la podían conocer en la propia entidad y en los órganos reguladores.
La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) es una sociedad anónima de gestión de activos transferidos por las entidades nacionalizadas tras el rescate bancario de la Unión Europea y por entidades en proceso de reestructuración.
La SAREB está participada en un 55% por capital privado y en un 45% por capital público a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, es decir, que es su máximo accionista.
El FROB, al ser uno de los organismos dependientes del Ministerio de economía, tenía datos fehacientes de la situación del Banco Popular en los días previos a su intervención por parte de la JUR y su entrega por un euro al Banco de Santander.
Mucho se ha hablado de los depósitos que perdió el Popular en los días previos al 7 de junio, la gran mayoría de ellos procedentes de instituciones públicas.
Ya hablamos de la retirada que realizó la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, retirando de golpe más de 1.000 millones de euros.
Ahí ya se estrecha el cerco sobre el filtrador.
No se puede asemejar la situación de una entidad como el FROB o la SAREB con la que pudieron tener los clientes minoristas que, tras el impacto de ver cómo las acciones de su banco se desplomaban en bolsa y los titulares de cierta prensa mostraban una situación de quiebra inminente.
Es normal que estos clientes se fueran corriendo a su oficina y retiraran sus ahorros o cancelaran las cuentas de sus pequeñas empresas. El FROB, sin embargo, no tenía esta situación porque conocía a la perfección la situación real del Popular, situación que distaba mucho, de la que se mostraba en cierta prensa o de los informes «ocultos» o «inexistentes» de Deloitte.
Con estos datos, y los próximos que iremos facilitando, los propios organismos públicos son responsables de la caída del Popular y de su entrega al Santander por un euro.
No obstante, hay un dato que hay que recordar.
A día 6 de junio en el propio Consejo de Administración se presentaron unas cifras por las que el Popular tenía 62.000 millones de euros en depósitos.
Con esa cifra…, ¿falta de liquidez? Como todos ustedes ya saben, había algo más, una trama corrupta e impune del PP que abarca todo el Reino de España, informa Diario 16.
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| El mismo de Guindos dejó sin liquidez al Popular al dar orden a organismos públicos de retirar su dinero de allí |
Los oscuros movimientos de Guindos que llevaron a intervenir el Banco Popular
Lo primero que habría que preguntarse es cómo la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia tenía semejante cantidad en su tesorería y, además, en un solo banco cuando su misión es, precisamente, el de proteger y generar competencia entre las empresas privadas.
La cantidad en sí, teniendo en cuenta que la CNMC cobra las multas impuestas a grandes compañías o grandes lobbies, puede estar justificada por esta razón. Sin embargo, lo que no se justifica en modo alguno es la retirada de esos depósitos.
Las instituciones públicas retiraron en los días previos a la incautación del Popular un total de 14.000 millones de euros. Entre estas instituciones se encontraba el Gobierno de Canarias y la propia Tesorería de la Seguridad Social.
Las instituciones públicas retiraron en los días previos a la incautación del Popular un total de 14.000 millones de euros. Entre estas instituciones se encontraba el Gobierno de Canarias y la propia Tesorería de la Seguridad Social.
Pero hubo más: Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y entidades dependientes directa o indirectamente del Gobierno de Rajoy del PP.
Sin embargo, que sea un organismo dependiente directamente del Ministerio de Economía y Competitividad nos da una idea de que la filtración al resto de instituciones públicas tuvo que partir del ministerio de Luis de Guindos.
La consecuencia fundamental de estos movimientos fue una pérdida importante de depósitos y, por tanto, de liquidez que fue una de las causas que se argumentó para intervenir al Popular.
Sin embargo, hay otros muchos movimientos oscuros, algunos de los cuales ya han ido apareciendo en estas páginas, sobre todo en lo referido a la documentación y a los datos que se utilizaron para la intervención y la posterior venta por un euro del Popular al Santander.
Según fuentes consultadas por Diario16, no existe un documento legal firmado del Popular dirigido al FROB solicitando que la entidad fuera intervenida por la JUR.
Según quienes están metidos en la operación de rescate al Santander, fue Emilio Saracho quien informó de que el banco no tenía liquidez para, siquiera, abrir las oficinas al día siguiente.
Esto no fue así. Saracho no firmó ese documento y si alguien lo hizo no tenía el apoderamiento necesario para hacerlo. Por otro lado, ese documento, de ser cierta su existencia, no es legal porque no fue pasado por el Consejo de Administración que es quien, según los Estatutos, tiene que aprobar esa comunicación.
Por otro lado, los miembros del Consejo de Administración de Saracho cobraron 7 millones de euros, de los que 4 correspondían al propio presidente que llevó al Popular a ser intervenido. Ese Consejo pudo cobrar esa cantidad por la comunicación que ellos no firmaron.
La duda es: ¿cómo pudieron cobrar esa cantidad cuando la entidad no era viable y no disponía de liquidez?
Otro aspecto importante para tener en cuenta es el ya famoso informe de Deloitte y la negativa constante de la JUR a hacerlo público o a que sea consultado.
Se lo ha negado a los abogados de los afectados, se lo ha negado a europarlamentarios españoles, se lo ha negado hasta al propio Congreso de los Diputados.
¿Hasta dónde va a llegar la desfachatez de las autoridades económicas europeas que niegan el acceso a documentación que debería ser pública a los representantes legítimos de un Estado soberano y miembro tanto de la Unión Europea como de la Eurozona?
¿Qué esconde ese documento para que se niegue ese acceso?
Es tanto el oscurantismo que, incluso, se duda de que el informe de Deloitte exista y, de ser así, el escándalo ya sería de proporciones bíblicas.
Lo mismo que con las actas de la subasta que llevó a que el Popular fuera entregado por un «justiprecio» de 1 euro.
El propio presidente del FROB, Jaime Ponce, reconoció en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados contemplaba un escenario positivo para el Popular pero que no fue tenido en cuenta porque no se podía aplicar con la normativa actual.
Esto ya lo afirmamos en Diario16 hace dos meses y ahora es el propio FROB quien lo reconoce. ¿
Qué es eso de que no se podía aplicar?
En juego estaba el patrimonio económico de más de 300.000 familias a las que les ha sobrevenido la ruina, familias de trabajadores, autónomos, pensionistas, jubilados, etc., no grandes inversores o especuladores, que también los hay, pero en menor número.
Sorprende que la Audiencia Nacional, en concreto, el juez Fernando Andreu, no actúe de oficio teniendo conocimiento de todos estos datos e información sobre los hechos acaecidos en todo el proceso que llevó a la intervención del Popular, sabiendo que Europa se niega a facilitar al pueblo español el informe de Deloitte sobre el que se fundamenta el ultraje, la presunta estafa, la connivencia con el beneficiario; conociendo la manipulación de la CNMV o del Banco de España; con la evidencia todos los espurios comportamientos permitidos por el Gobierno de España y, más concretamente, por Luis de Guindos, presunto cómplice en el expolio y la ruina de más de 300.000 familias españolas.
Es sorprendente que la Justicia no acepte frenar esta sangría de penas, ruinas, maltratos, vulneración de los derechos humanos o provocación de muertes y enfermedades a miles de españoles sin sentir nada en su conciencia.
¿Tanto importan las minutas, regalos, gratificaciones, concesiones, donaciones más o menos espurias o no justificadas?
Todo lo que rodea a la operación del Popular es oscuro, como lo fue la Edad Media, pero todo lleva al mismo destino:
proteger al Santander sin importar un ápice la ruina de 300.000 ciudadanos, de los cuales más de 240.000 son pensionistas, más del 70% del total.
Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y el jefe del Estado -Rajoy y su corte del PP- tienen que demostrar que no están prevaricando en el caso Santander-Popular.
Tienen que demostrar en qué se diferencian o pueden diferenciarse sus comportamientos de responsabilidad, justa o no, sobre el desafío catalán de la dejadez y presunta connivencia con los 300.000 arruinados por la intervención del Popular en favor del Santander y de terceros.
El propio Mariano Rajoy y su gobierno no paran de decir que la ley hay que cumplirla cuando se refieren al referéndum catalán.
Sin embargo, la ley se ha vulnerado en la incautación del Popular y no se ha oído al ministro de Justicia, al de Hacienda, al presidente, a Felipe de Borbón ni, por supuesto, a Luis de Guindos defender la ley en este caso.
La ley está para cumplirla por todos, tanto por los catalanes como por el Santander o por el propio Gobierno, informa Diario16.
La «grosería» de Deloitte que arruinó a las 300.000 familias del Popular
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- octubre 9º, 2017
Una de las claves para entender por qué se tomó la decisión de intervenir al Banco Popular para entregárselo al Banco de Santander está en el ya famoso y «ultrasecreto» informe que presentó la auditora Deloitte a la JUR, precisamente la empresa que presidió Miguel Zorita, uno de los personajes más oscuros del mundo empresarial español, siempre protegido por el Santander y que está impuesto por la entidad cántabra en Duro Felguera teóricamente para buscar soluciones a esta compañía cuando, en realidad, está trabajando por los propios intereses del Santander.
Según parece, porque nadie lo ha visto, salvo los que tomaron la decisión de arruinar a 300.000 familias para rescatar a una entidad en serias dificultades, Deloitte presentó unos escenarios negativos que oscilaban entre -2.000 y -8.000 millones de euros.
También se ha reconocido que en el informe había un escenario positivo de 2.000 millones pero que no se quiso aplicar porque no se ajustaba a la normativa.
Por otro lado, la propia Deloitte, en la persona de Francisco Celma, va a ser procesada por graves irregularidades en la salida a bolsa de Bankia.
Según Pedro Luis Sánchez, presidente de la Asociación de Inspectores del Banco de España, ese desfase es una «grosería técnica» y ha criticado los diferentes escenarios que se contemplaron antes de la intervención porque es «como no decir nada».
En la comparecencia en la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro, Sánchez afirmó, en referencia al informe de Deloite, que si realmente «el informe dice esto y si esta es la valoración que se hace de la entidad, técnicamente hablando es una grosería.
No tiene ningún sentido».
Por otro lado, el presidente de los inspectores dijo a los diputados que hay “debilidades” en la supervisión y los mecanismos de resolución europeos. «Si cualquier inspector dice que en una cartera de crédito ha encontrado un eventual deterioro de entre 200 y 300 millones, no vamos a quedar muy bien profesionalmente.
Pero si digo que el eventual quebranto que he detectado variará en función del escenario entre 200 y 800, quizás es mejor que me dedique a otra cosa».
Por tanto, según los profesionales de la supervisión, el propio informe de Deloitte ya parte de un punto muy bajo respecto a la profesionalidad del mismo y, por tanto, debería haberse puesto muy en duda antes de tomar la decisión de arruinar a más de 300.000 familias, de las que un 74% están formadas por jubilados o pensionistas.
Por otro lado, la Audiencia Nacional, tras admitir la querella de Estel Ingeniería contra Emilio Saracho, la Sindicatura de Accionistas y los consejos de administración del Banco Popular, ha solicitado a la JUR la entrega de la documentación que se tomó como base para intervenir a la entidad y entregársela al Santander por un euro, concretamente, ha solicitado el propio informe de la Junta de Resolución y el «ultrasecreto» de Deloitte.
En el auto se ordena que el FROB remita los expedientes de 2016 y 2017 relacionados con el Popular y el «generado por el procedimiento comunitario de resolución, con entrega del informe de valoración llevada a cabo por el experto independiente».
Por tanto, el juez Fernando Andreu reclama la documentación que le ha sido negada persistentemente tanto a los despachos de abogados que están defendiendo los intereses de los 300.000 arruinados, como al propio Congreso de los Diputados o a los europarlamentarios españoles que lo solicitaron a las autoridades europeas.
No es descartable que, a pesar de que los informes hayan sido solicitados a través de un auto judicial, las autoridades económicas le denieguen al propio juez dicha documentación porque, tal y como ya hemos publicado en Diario16, hay quien ya empieza a dudar de la existencia de los mismos o que se redactaron en base a los intereses de quienes pergeñaron, diseñaron y ejecutaron la Operación Washington.
En unos momentos como los que está viviendo España, en los que se está señalando el cumplimiento de la ley por encima de cualquier otra cosa, que las instituciones económicas europeas y españolas pongan tantas trabas al acceso de una documentación que es pública es un escándalo más en todo lo que se refiere a la intervención del Banco Popular y la ruina de 300.000 accionistas.
En referencia a esa situación, con la posible salida de las entidades catalanas de su territorio de referencia, ¿cuál habría sido el valor del Popular en esta situación?
Este movimiento de CaixaBank y de Sabadell tiene dos vertientes en referencia a la posición que hubiera ocupado la que entonces era la sexta entidad bancaria del país.
En primer lugar, la pérdida del valor de los dos bancos catalanes tendrá una repercusión clara con la retirada de depósitos que se moverán a otras entidades, en principio a Santander y BBVA pero, en el caso del Popular, también habría tenido una importante captación de fondos.
En segundo lugar, habría captado un porcentaje importante de los clientes pyme «fugados», lo que hubiese generado un incremento de liquidez y de depósitos. En conjunto, la revalorización hubiese sido muy importante.
De otro lado, la propia cartera inmobiliaria del Popular, tal y como hemos visto y publicado, tenía un valor muy superior al puesto en el mercado por el Santander, un valor que no se tuvo en cuenta a la hora de decidir sobre la intervención.
Por tanto, el juez Andreu, ante las certezas de que se han podido cometer irregularidades, más allá de las demandas que se puedan interponer, está en la obligación de suspender cautelarmente la operación de venta del Popular al Santander y la propia intervención puesto que, dados los movimientos que está realizando la entidad cántabra, dada la documentación que recibirá, dados los análisis sobre dicha documentación que hacen los expertos, todo indica que, presuntamente, todo se hizo con una interpretación de la ley demasiado laxa y forzando los límites de la misma hasta situaciones en que se rozó la ilegalidad o, directamente, se vulneró la ley.
Mientras, las 300.000 familias arruinadas siguen esperando una solución que sólo puede venir de la mano de la Justicia y, precisamente, para que la decisión que se adopte sea justa no puede permitir que el Santander plantee un escenario de tierra quemada en la que ya nada tenga solución ni haya opciones de una vuelta atrás.
La misma Audiencia Nacional determinó que las consecuencias podrían ser irreversibles.
Para evitar esto y para que la Justicia pueda trabajar con tranquilidad la única salida que hay es la de la suspensión cautelar de la operación que impida que el Santander continúe haciendo negocio con el patrimonio y con los clientes del Popular.
La opacidad de todas las instituciones de Europa es la demostración de que ellos, junto al Gobierno español, arruinaron a los 300.000 accionistas del Popular para regalar la entidad al Santander.
Nuevamente, las instituciones europeas -en manos de la derecha neoliberal y corrupta- están demostrando que fueron uno de los cómplices fundamentales para poder ejecutar la operación de incautación del Banco Popular y para que la ruina de otros 300.000 ciudadanos españoles sirviera para rescatar al Santander, banco del franquismo nazional.
El presidente de la Asociación de Inspectores del Banco de España, Pedro Luis Sánchez, ha criticado duramente al regulador en la Comisión del Congreso que investiga la crisis financiera afirmando que a Bankia se le permitió salir a bolsa con unas provisiones "pintadas e imposibles de conseguir en tres meses" (6.913 millones) y ha rechazado la versión del organismo de que cayó por la doble recesión, "sino por un desfase patrimonial de 20.000 millones de euros que se originó entre 1999 y 2006".
El ministro de Economía, Luis de Guindos, comparecerá este martes a las cinco de la tarde en la comisión del Congreso para explicar por qué su departamento designó al exministro José Manuel Soria para un alto cargo del Banco Mundial pese a que había tenido que dimitir en abril por aparecer en los ‘papeles de Panamá’.
El Gobierno en funciones del PP insistió este lunes en desatenderse de la designación de José Manuel Soria como aspirante a director ejecutivo del Banco Mundial, pese a que se acrecientan las críticas al nombramiento incluso en sus filas.
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En ese día votarán por el referéndum de autonomía ambas regiones italianas y no todo el Estado como argumenta el gobierno de Rajoy absurdamente.
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En Europa occidental, por el contrario, los antiguos Estados -herencia del reparto entre las monarquías absolutistas- parecían más que definidos.
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