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A Ana Botella la perseguirá siempre el ruinoso negocio de la venta a fondos buitres de un volumen nada despreciable de viviendas públicas, siendo ella alcaldesa.
Del mismo modo que se sigue recordando su penosa gestión de la tragedia del Madrid Arena y su escapada festiva a un balneario de Portugal cuando aún estaban calientes los cadáveres de las cinco jóvenes muertas.
La venta de las viviendas, además, puede tener serias consecuencias para la esposa de José María Aznar, sobre todo después del reciente informe de la Cámara de Cuentas sobre aquella operación.
En él se viene a decir que el Ayuntamiento, propietario de los inmuebles, no respetó los procedimientos, ni tuvo en cuenta los intereses de los inquilinos y puso un precio por debajo de mercado, con el consiguiente quebranto para las arcas municipales.
Dicho de otra forma: Botella y sus colaboradores seleccionaron prácticamente a dedo a los compradores, poco menos que les regalaron los inmuebles, dejaron tirados a las modestas familias que vivían en ellos y encima hicieron perder un montón de millones a los contribuyentes madrileños.
Por todo ello, Manuela Carmena ha decidido denunciar a su antecesora, a pesar de que inicialmente los tribunales habían dado carpetazo al caso, aunque ahora tienen más difícil cerrar los ojos ante un asunto sobre el que incluso planea la sospecha de trato de favor, uso de información privilegiada y tráfico de influencias.
El principal comprador de las viviendas fue Blackstone, uno de los mayores grupos del mundo especializados en la adquisición de activos a bajo precio y su reventa con pingües beneficios. En España posee una cartera inmobiliaria de 12.000 millones, tras haberse quedado con buena parte de los despojos de la crisis del ladrillo; entre ellos, los procedentes del Banco Popular.
Pues bien, el primogénito de la anterior alcaldesa, José María Aznar Botella, era consejero de dos empresas vinculadas a Blackstone (Gesnova y Haya Real State) cuando se cerró la operación con el Ayuntamiento. Al frente de ambas, en calidad de presidente, estaba un amigo de la infancia de su padre.
Tengan fundamento o no las sospechas, lo cierto es que muchos de los inquilinos han visto modificadas unilateralmente las condiciones de su alquiler desde que tienen como casero a Blackstone. Se les han encarecido las mensualidades y algunos suministros, han recibido presiones para dejar las casas y hay quienes han sido incluso objeto de desahucio.
El equipo de Carmena lleva tiempo buscando resquicios para revertir la operación, pero de momento no parece haberlos encontrado. Su esperanza es que sea anulada por la justicia. Cientos de familias que han visto truncada su vida, también lo esperan.
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